Tras los hechos de violencia en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con la toma y quema de instituciones, las organizaciones sociales pidieron al Gobierno determinar un estado de excepción y que se inicien las investigaciones correspondientes por los hechos ocurridos. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, lamentó lo ocurrido y cuestionó que, a título de un «paro pacífico» solo se busquen «intereses personales» de parte del gobernador cruceño, Fernando Camacho, y el presidente cívico, Rómulo Calvo. Sospechó que con los enfrentamientos y actos de violencia en la sede de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, se pretenda gestar un golpe de Estado como lo ocurrido en 2019, durante la crisis política y social que atravesó el país. Por ello, Huarachi pidió al Gobierno «convocar a un estado de excepción» en el departamento de Santa Cruz y así poder comenzar con la investigación contra los autores de los «actos violentos de racismo y discriminación». «Un Gobierno debe poner mano dura y declarar estado de excepción en el departamento de Santa Cruz, es más, estamos pidiendo de que se forme una comisión nacional de fiscales para hacer la investigación de la toma y quema de nuestras instituciones», añadió. En esa misma línea, la secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – Bartolina Sisa, Flora Aguilar, demandó similar acción y responsabilizó a Camacho y Cuéllar por lo ocurrido. «Camacho y Calvo son responsables de estos nuevos sucesos, ellos no buscan el censo, quieren atentar contra el Gobierno y buscar impunidad», añadió. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de La Paz, Félix Nina, leyó un pronunciamiento donde se convoca a las confederaciones y federaciones nacionales, centrales obreras departamentales y regionales, organizaciones sociales a «defender la unidad del Estado Plurinacional de Bolivia«. Santa Cruz cumple 21 días de paro indefinido en demanda de la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda en 2023.
