Los comerciantes de Doral, Florida, reportan una crisis económica sin precedentes provocada por el temor a las operaciones de Immigration and Customs Enforcement (ICE). Lewis "Luigi" Reyes, propietario de una tienda de ropa con 37 años en el negocio, observa cómo la comunidad empresarial se desmorona ante las preocupaciones sobre la aplicación de leyes migratorias. Desde principios de 2026, ha notado una disminución significativa en el tráfico vehicular y cambios en los patrones de comportamiento de los clientes, incluyendo vehículos estacionados de manera que oculten sus matrículas para evitar lectores automáticos.

Doral es hogar de una de las mayores concentraciones de venezolanos en Estados Unidos, con aproximadamente el 70% de sus residentes nacidos en el extranjero y el 40% de origen venezolano. La ciudad también alberga comunidades importantes de Colombia, Cuba, Nicaragua y otros países latinoamericanos. En los últimos meses, residentes, dueños de negocios, funcionarios municipales y abogados de inmigración han documentado un aumento considerable en la actividad de control migratorio, mientras que el sur de Florida experimenta un incremento en las detenciones realizadas por ICE.

Las redes sociales y plataformas como ICEOUT.org han amplificado el miedo en la comunidad, circulando alertas sobre la presencia de agentes migratorios que mantienen a la población confinada en sus hogares. Reyes indica que estos reportes, distribuidos boca a boca y a través de internet, han aterrorizado a los residentes hasta el punto de que evitan salir de sus casas y hacer compras en los comercios locales como lo hacían anteriormente. Los reportes de actividad de control migratorio en Doral se intensificaron a partir de julio, generando un efecto paralizante en la economía local.

La situación refleja un dilema más amplio que enfrentan las comunidades de inmigrantes: el balance entre seguridad personal y participación económica. Mientras los negocios locales dependen del flujo constante de clientes para sobrevivir, muchos residentes priorizan evitar encuentros con autoridades migratorias. Esta tensión ha creado una espiral negativa donde la economía de pequeños comercios sufre colateralmente, afectando el sustento de familias que han invertido décadas construyendo sus negocios en Doral.

Fuente: La Patilla — Ver nota original


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